La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía, CECAP ANDALUCÍA, ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que medie e interceda ante la Intervención General de la Junta y Dirección General de Formación para el Empleo, ya que “la mitad de las entidades de formación no van a ejecutar ningún curso de formación para desempleados porque no tienen validados las justificaciones de los cursos de hace seis años”.

Desde la Federación se lamentan de que “los interventores provinciales, mientras no se validen las justificaciones de hace más de seis años, no dan la actualización para adelantar los pagos de los cursos nuevos”.

El pasado miércoles se han reunido con representantes del Defensor del Pueblo Andaluz para explicar que “la convocatoria de cursos de formación para desempleados que ya se ha resuelto va a ser convocatoria fantasma, porque la mitad de entidades beneficiarias no podrá cobrar los adelantos, y si no cobran esos adelantos, no podrán ejecutar ningún curso”.

Han añadido que “los interventores provinciales, mientras que no se validen las justificaciones de hace más de seis años, no dan la actualización para los pagos nuevos”.

“Tras más de seis años, esas justificaciones que están presentadas por las empresas en su tiempo no les han dado el visto bueno todavía”, se lamentan desde CECAP, que añade que las empresas “no pueden cobrar porque la Junta nos debe dinero de anteriores convocatorias desde hace más de seis años, desde 2011”.

Han explicado que “como no han visado las justificaciones, los interventores entienden que todavía no están justificadas”, tras lo que se preguntan “qué culpa tienen las empresas de que la Administración andaluza no haga bien su trabajo”.

Las empresas han dejado claro que esa situación “nos impide seguir trabajando, y al final tendrán que cerrar empresas e irse fuera de Andalucía”. “Incluso aunque las empresas presentaron ya la documentación, pero la Junta no nos permite trabajar hasta que no tengan el visto bueno de la Intervención”, se lamenta.

Ante esta situación, CECAP ANDALUCIA ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que demande una solución a la Intervención de la Junta y a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, toda vez que éstas “interpretan la Ley de Hacienda Pública de la Junta, cuando realmente las empresas presentan la justificación de cursos anteriores, y en ese punto las empresas ya terminan con sus obligaciones, el resto de las obligaciones es de la Administración”, por lo que, a su juicio, “todo esto es problema de la Administración, no de los centros”.

Asimismo, critica que “a las entidades beneficiarias de estas nuevas convocatorias les están reabriendo expedientes antiguos pidiéndoles nueva documentación, cuando ya están justificados, pero ahora aparecen sin justificar con la nueva documentación que le han pedido, sobre cursos de hace más de seis años”.

CECAP ha explicado que de las 300 entidades beneficiarias, tienen este problema 149, por lo que “la mitad de entidades no pueden ejecutar la convocatoria, es una convocatoria fantasma donde habrá la mitad de los cursos de formación para desempleados”.